Con condenas y absoluciones
Luciano Menéndez, que recibió una pena de 20 años, tuvo su séptima condena desde la reapertura de las causas. También fueron condenados otros dos represores, mientras que cuatro acusados resultaron absueltos. El fiscal apelará el fallo.
Con tres condenados y cuatro absueltos concluyó ayer el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en La Rioja. El ex general Luciano Menéndez, que siguió el proceso por videoconferencia, cosechó su séptima condena desde la reapertura de las causas. El ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército recibió una pena de veinte años de prisión como “jefe de un plan sistemático de secuestro y desaparición de personas”. A quince años fue sentenciado el ex gendarme Eduardo Britos, que se había fugado al Paraguay para burlar a la Justicia y fue finalmente extraditado. El tercer condenado, a tres años de prisión en suspenso, es el ex gendarme Ricardo Torres Daram, en tanto fueron absueltos “por el beneficio de la duda” los gendarmes Normando Torres, Hernán Pizarro, Cándido Aroca y Jorge García.
El juicio abarcó los casos de siete víctimas, agricultores y docentes oriundos de Famatina y de Campanas, que fueron secuestrados a principios de junio de 1977 y torturadas en el Escuadrón 24 de Gendarmería de Chilecito y en el ex Instituto de Rehabilitación de la capital provincial, antes de ser blanqueados en la cárcel de La Rioja. Se trata de Teresa Elida Robles de Maza, Santiago Nicolás Maza, Rosario Del Valle Manzur, Juana Antonia Manzur, Juan Antonio Leiva, Marcelino Reyes Leiva y Andrés Abelardo Angel. Todos fueron interrogados sobre sus vínculos con supuestos “subversivos” y por su relación con el entonces obispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli, asesinado por la dictadura.
Igual que en los juicios anteriores, Menéndez hizo uso del derecho a las “últimas palabras” antes de la sentencia. Apuntó a desacreditar a testigos y querellantes, y reivindicó la represión contra quienes “querían imponer un gobierno marxista de izquierda”. El gobierno de Isabel Perón “ordenó a las fuerzas armadas y de seguridad aniquilar la subversión en Tucumán y seis meses después extendió esa obligación a todo el país”, dijo. Las víctimas “eran combatientes que sabían que asumían riesgos”, justificó, y agregó que “no hubo persecución por ideologías políticas”. “Querían imponer un régimen comunista, y nosotros queríamos preservar el régimen democrático”, aseguró antes de que el tribunal diera por finalizadas sus “últimas palabras” porque no se remitía a los hechos del juicio. Britos, a su turno, dijo que cuando sucedieron los hechos por los que fue condenado había sido destinado por Gendarmería a tareas de inteligencia sobre Chile, por el conflicto del canal de Beagle. Torres Daram agradeció a su familia y a su defensa. “Me siento un ilegítimo heredero de figuras delictivas, porque tengo la plena convicción de que no las he cometido”, dijo.
El Tribunal Oral que condujo el proceso estuvo integrado por José Quiroga Uriburu, Jaime Díaz Gavier y Karina Perilli. Los fiscales federales Darío Illanes y Horacio Salman habían pedido 25 años de prisión para Menéndez, 23 para Britos, 12 para Torres Daram, 10 para Torres y Pizarro, y ocho para Aroca y García. Por problemas de salud fueron apartados del proceso los acusados Alfredo Vilte y Wilson Manuel Velázquez.
La lectura de la sentencia generó frustración en la mayor parte de las víctimas y militantes que habían colmado la sala y terminaron presenciando el festejo de los absueltos. Junto a las penas de prisión, los magistrados impusieron inhabilitación absoluta perpetua a Menéndez y Britos e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a Torres Daram. Los jueces pidieron la realización de una junta médica para determinar “si (Menéndez) puede ser alojado en una unidad carcelaria”. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo viernes.
El fiscal Illanes manifestó que el fallo es “contradictorio” y que lo apelará ante la Cámara de Casación Penal. “Las pruebas eran contundentes para aplicar las condenas pedidas por la fiscalía. Obviamente nos vamos disconformes con el fallo, y prima facie presentaríamos recurso de Casación”, dijo.
El juicio que concluyó ayer es el segundo por la represión ilegal en La Rioja: en el primero se juzgaron los secuestros, las torturas y asesinatos de los sacerdotes de Chamical, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. El tercero comenzará el 4 de noviembre y tratará el asesinato del obispo Angelelli.
Luciano Menéndez, que recibió una pena de 20 años, tuvo su séptima condena desde la reapertura de las causas. También fueron condenados otros dos represores, mientras que cuatro acusados resultaron absueltos. El fiscal apelará el fallo.
Con tres condenados y cuatro absueltos concluyó ayer el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en La Rioja. El ex general Luciano Menéndez, que siguió el proceso por videoconferencia, cosechó su séptima condena desde la reapertura de las causas. El ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército recibió una pena de veinte años de prisión como “jefe de un plan sistemático de secuestro y desaparición de personas”. A quince años fue sentenciado el ex gendarme Eduardo Britos, que se había fugado al Paraguay para burlar a la Justicia y fue finalmente extraditado. El tercer condenado, a tres años de prisión en suspenso, es el ex gendarme Ricardo Torres Daram, en tanto fueron absueltos “por el beneficio de la duda” los gendarmes Normando Torres, Hernán Pizarro, Cándido Aroca y Jorge García.
El juicio abarcó los casos de siete víctimas, agricultores y docentes oriundos de Famatina y de Campanas, que fueron secuestrados a principios de junio de 1977 y torturadas en el Escuadrón 24 de Gendarmería de Chilecito y en el ex Instituto de Rehabilitación de la capital provincial, antes de ser blanqueados en la cárcel de La Rioja. Se trata de Teresa Elida Robles de Maza, Santiago Nicolás Maza, Rosario Del Valle Manzur, Juana Antonia Manzur, Juan Antonio Leiva, Marcelino Reyes Leiva y Andrés Abelardo Angel. Todos fueron interrogados sobre sus vínculos con supuestos “subversivos” y por su relación con el entonces obispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli, asesinado por la dictadura.
Igual que en los juicios anteriores, Menéndez hizo uso del derecho a las “últimas palabras” antes de la sentencia. Apuntó a desacreditar a testigos y querellantes, y reivindicó la represión contra quienes “querían imponer un gobierno marxista de izquierda”. El gobierno de Isabel Perón “ordenó a las fuerzas armadas y de seguridad aniquilar la subversión en Tucumán y seis meses después extendió esa obligación a todo el país”, dijo. Las víctimas “eran combatientes que sabían que asumían riesgos”, justificó, y agregó que “no hubo persecución por ideologías políticas”. “Querían imponer un régimen comunista, y nosotros queríamos preservar el régimen democrático”, aseguró antes de que el tribunal diera por finalizadas sus “últimas palabras” porque no se remitía a los hechos del juicio. Britos, a su turno, dijo que cuando sucedieron los hechos por los que fue condenado había sido destinado por Gendarmería a tareas de inteligencia sobre Chile, por el conflicto del canal de Beagle. Torres Daram agradeció a su familia y a su defensa. “Me siento un ilegítimo heredero de figuras delictivas, porque tengo la plena convicción de que no las he cometido”, dijo.
El Tribunal Oral que condujo el proceso estuvo integrado por José Quiroga Uriburu, Jaime Díaz Gavier y Karina Perilli. Los fiscales federales Darío Illanes y Horacio Salman habían pedido 25 años de prisión para Menéndez, 23 para Britos, 12 para Torres Daram, 10 para Torres y Pizarro, y ocho para Aroca y García. Por problemas de salud fueron apartados del proceso los acusados Alfredo Vilte y Wilson Manuel Velázquez.
La lectura de la sentencia generó frustración en la mayor parte de las víctimas y militantes que habían colmado la sala y terminaron presenciando el festejo de los absueltos. Junto a las penas de prisión, los magistrados impusieron inhabilitación absoluta perpetua a Menéndez y Britos e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a Torres Daram. Los jueces pidieron la realización de una junta médica para determinar “si (Menéndez) puede ser alojado en una unidad carcelaria”. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo viernes.
El fiscal Illanes manifestó que el fallo es “contradictorio” y que lo apelará ante la Cámara de Casación Penal. “Las pruebas eran contundentes para aplicar las condenas pedidas por la fiscalía. Obviamente nos vamos disconformes con el fallo, y prima facie presentaríamos recurso de Casación”, dijo.
El juicio que concluyó ayer es el segundo por la represión ilegal en La Rioja: en el primero se juzgaron los secuestros, las torturas y asesinatos de los sacerdotes de Chamical, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. El tercero comenzará el 4 de noviembre y tratará el asesinato del obispo Angelelli.
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